Esperanza para transgénicos ¿cuándo para minería y fracking?

Por: Betty Zanolli Fabila

MÉXICO | 14 DE OCTUBRE DE 2013

Hace unos días la sociedad mexicana fue informada de una noticia esperanzadora: el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil con sede en el Distrito Federal acordó otorgar la suspensión provisional para la concesión de permisos por parte de la SAGARPA y la SEMARNAT a empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer entre otras, para la siembra experimental, liberación y comercialización de maíz transgénico en México. 

Ello, como resultado de la acción colectiva -interpuesta el pasado 5 de julio por decenas de científicos, artistas, agricultores y activistas así como de organizaciones ambientalistas, productivas y de derechos humanos- que pretende salvaguardar el derecho humano a la biodiversidad, máxime por ser México centro originario del maíz y reservorio de la biodiversidad de dicho cultivo patrimonio de la humanidad según lo ha reconocido el propio José Sarukhán, ex rector de la UNAM y actual coordinador de la CONABIO. Medida que fue dictada por el riesgo de daño inminente que puede sufrir el medio ambiente. 

El triunfo logrado es enorme porque luego de años de lucha se ha reconocido el derecho legítimo y colectivo, consagrado en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México, que asiste a los mexicanos de gozar de un medio ambiente sano, independientemente de su derecho a una alimentación nutritiva, a la protección de su salud, al agua, al patrimonio cultural y a la información. 

Y es que es un tema de la mayor envergadura para nuestro futuro como Nación y especie el relativo a los organismos genéticamente modificados: autorizar por parte de la autoridad su introducción y comercialización antes de tener la certeza plena de que son inocuos, sea por ignorancia, irresponsabilidad o, peor aún, por ambición económica y de poder, no sólo es una traición a la Patria, es ante todo un crimen de lesa humanidad, irreparable e imperdonable. Ojalá que así lo comprenda el Poder Judicial al emitir su fallo final en este asunto ante las poderosas implicaciones que tendrá. 

Pero ¿cuándo ocurrirá lo mismo con la devastadora minería, especialmente aquélla a cielo abierto? ¿Cuándo dejarán de ser otorgadas por parte del gobierno nacional concesiones en este sentido y, sobre todo, cuándo cancelarán las ya otorgadas por nefastas administraciones pasadas? 

A su vez, la actual reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto contempla como uno de sus principales objetivos abrir al sector empresarial nacional y extranjero la exploración y explotación del gas esquisto localizado en yacimientos de rocas de lutita (en inglés shale). ¿Podrá reconocer la autoridad el craso error que está cometiendo al permitir y sobre todo impulsar esta alternativa energética sin importarle el altísimo impacto social, económico, pero sobre todo ambiental que implica?

En México hasta ahora sólo se han otorgado 6 autorizaciones para la extracción de gas shale bajo la operación de Petróleos Mexicanos en Coahuila. Cada una implica un costo que oscila entre 8 y 10 millones de dólares. El proyecto del gobierno es lograr explotar 20 mil pozos anuales, lo que requeriría de una inversión de 200 mil millones de dólares por perforación. Cifra astronómica pero cuyo costo real no sólo es el económico, sino el impacto nocivo que implica: un consumo de agua equivalente al que requerirían 16 millones de personas (un solo pozo requiere de 9 a 29 millones de litros de agua); la irreversible contaminación de los mantos acuíferos y por ende del terreno, plantas y animales que dicha exploración provoca en la zona donde se realiza; la nociva y desmesurada emisión de gas metano, así como la gravísima desestabilización del subsuelo provocada por la inyección de agua con arena y cientos de materiales químicos tóxicos para desgajar sus capas interiores profundas en el afán por allegarse del gas contenido en los yacimientos de lutita y de otros materiales orgánicos. 

Se calcula que México es el cuarto país del mundo con reservas de gas shale con una reserva de 600 billones de pies cúbicos. Por su parte, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, han sido declarados potenciales candidatos para la introducción de la técnica extractiva de fractura hidráulica o fracking. La contaminación de sus aguas y medioambiente, así como la ruptura de su subsuelo será inminente. 

¿Acaso los sismos inusuales que han padecido Alaska, Ohio, Oklahoma, el oeste de Texas, el sur de Colorado y ahora Cataluña y Valencia, en donde hay pozos de fracking no son reveladores de las demoledoras consecuencias que este tipo de industria extractiva genera al hacer extremadamente vulnerable el subsuelo?

Más allá de las fórmulas jurídicas que finalmente sean adoptadas, sea manteniendo la rectoría estatal sobre los hidrocarburos o bien permitiendo la inversión privada a través de alguna modalidad ¿para esto es que se pretende la reforma energética aún cuando países como Francia, Alemania, Bulgaria, Irlanda, Suiza, Rumania e Italia, algunas entidades de los Estados Unidos de América, Quebec en Canadá y regiones de Australia y España ya han prohibido o emitido moratorias contra el fracking? 

La sociedad civil no puede permitir que otra nueva y funesta agresión al medioambiente, al territorio y a su población sea avalada. Si la autoridad no ha advertido el grave e inminente peligro que el fracking conlleva, corresponde a la ciudadanía advertirlo y a los legisladores cumplir cabalmente con su responsabilidad social. De lo contrario, nuestro propio Estado de Derecho nos da la posibilidad de retirar de su cargo a todo aquel que desacata y viola los más sagrados preceptos contenidos en nuestra Carta Magna.

Fuente: El Sol de México