viernes, 21 de marzo de 2014

Francia prohíbe sembrar maíz transgénico de Monsanto


PARÍS | 16 DE MARZO DE 2014
El Gobierno francés publicó hoy un decreto para prohibir el maíz transgénico de Monsanto autorizado por la Unión Europea, a escasas semanas de que comience la siembra, y en espera de un proyecto de ley que se presentará en abril. En su decreto, el Ejecutivo justificó la prohibición de la variedad Mon 810 porque su cultivo "sin medidas de gestión adecuadas presentaría riesgos graves para el medio ambiente, así como un peligro de propagación de organismos dañinos" resistentes a causa precisamente de los transgénicos. Aludió en varias ocasiones al "principio de precaución" y a las "incertidumbres" sobre las consecuencias de este maíz genéticamente modificado. 
Recordó que el Mon 810 fue autorizado por la UE en 1998 sobre la base de una directiva europea de 1990 cuyo nivel de exigencia en materia y evaluación de riesgos "es mucho más débil" que la que le sustituye desde 2001. Además, añadió que la Comisión europea prepara una modificación de esta directiva más reciente, y que para eso mantiene discusiones con los Estados miembros. Igualmente se refirió a pronunciamientos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y a publicaciones científicas "recientes" que "aportan elementos científicos nuevos que ponen en evidencia riesgos vinculados al maíz Mon 810". 
El decreto llega después de que la Asociación General de Productores de Maíz (AGPM), que reúne a productores franceses, hubiera anunciado el mes pasado la intención de algunos de sus miembros de recurrir este año al maíz transgénico autorizado por la Unión Europea. El Consejo de Estado en Francia ha invalidado en dos ocasiones otros tantos decretos de prohibición de este maíz transgénico, el primero de 2008 y el segundo de 2012, por considerar que no se sustentaban en estudios que de forma "seria" demostraran un riesgo sanitario. El Gobierno francés ha mostrado su voluntad de modificar los procedimientos europeos de autorización de los OGM para endurecerlos y permitir que sea cada país el que decida en última instancia.
Fuente: Vanguardia

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